Acerca del Órgano

La protección de los Derechos Humanos tiene un enfoque principal hacia las personas y grupos vulnerables, y México no se ha quedado ajeno a ello, pues los reconoce, así se puede corroborar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La cual consagra – en sus arts. 1, 4 y 133 – que, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio pleno, los derechos y libertades de las personas, quedando prohibidas la esclavitud, discriminaciones de tipo étnico o nacional, de género, edad, por discapacidades, condición social o de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Y que para dar cumplimiento a ello, es necesario tener en consideración lo que se establece en los tratados internacionales de los que se es parte, tomando como piedra angular la Declaración Universal de los Derechos Humanos que específicamente en su art. 2.° reconoce los DDHH y las libertades de toda persona, “sin distinguir raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (…)”.

En noviembre de 2012, al celebrarse la VII Cumbre Iberoamericana, en Cancún-México, los órganos de justicia del país adquirieron el compromiso para crear dependencias especializadas en materia de equidad de género y grupos vulnerables, reconociéndose la importancia de adoptar políticas de igualdad en esta materia, mediante la Declaración de Cancún, que establece en su primer punto que estas políticas van estar basadas en: "(…) el reconocimiento de las diferencias entre las mujeres y los hombres, y la necesidad de considerarlas en todas las acciones que se ejecuten para que su resultado garantice a todas las personas el respeto a sus derechos, las oportunidades reales para su pleno desarrollo humano y la voluntad institucional de un verdadero acceso a la justicia".

A partir de esa fecha, incluso desde antes, ya se habían generado una serie de programas y políticas públicas en pro de los Derechos Humanos, dando prioridad a la equidad de género, vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas, niños e indígenas.

Es así que el Poder Judicial del Estado, a través del Consejo de la Judicatura, y mediante Acta del Pleno 21/2022, de fecha 31 de mayo de 2022, crea la Dirección de Equidad de Género (DEG).