Expediente referente al juicio mercantil que promovió el apoderado del Banco Mercantil de Monterrey, la institución financiera más importante de Nuevo León en la época que se suscita la Revolución, en contra del señor Eugenio F. Castillón, por adeudo de dinero. Es interesante como el documento nos muestra el paso de las etapas del conflicto debido a que el proceso se extendió por muchos años, y en 1915 apeló el apoderado legal del Banco Mercantil en contra de la sentencia de 1913 dictada a favor de Eugenio F. Castillón, ya que consideraba que durante esa etapa las leyes que se dictaron durante el gobierno de Victoriano Huerta ya no deberían de surtir efecto; llamando a aquella época como el período de la usurpación Huertista. La Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, consideró que tenía razón el representante legal del Banco Mercantil, por lo que dictaminó nulas todas las resoluciones dictadas bajo las leyes que estaban vigentes durante la época del Presidente Huerta.

El proceso se prolongó, y en 1921, se volvió a dictar una nueva sentencia, obligando al señor Eugenio F. Castillón pagarle al Banco Mercantil la cantidad de $89,038.55 pesos en oro nacional.

El documento es una queja firmada por diferentes vecinos en contra de todos los responsables por los delitos de ataques a la libertad de comercio, atentados a las garantías constitucionales y abuso de autoridad. Los quejosos sostenían qué, agentes de la autoridad amedrentaban a las familias que vivían cerca de la calle Guerrero, en el centro de Monterrey.

El señor Félix Guajardo accionista del terreno “La Caballada” acusó a el señor Luis Sosa y a sus talladores de ixtle de realizar su trabajo en la propiedad que no les correspondía. Por lo que señor Félix Guajardo, presentó ante las autoridades los permisos y títulos que tenía para poder explotar el ixtle que se encontraba en “La Caballada”.