Festividades

La tortura es una grave violación a los derechos humanos y un crimen en el derecho internacional, está absolutamente prohibida y no es justificable o tolerable bajo ninguna circunstancia.

El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura con vistas a la erradicación total de este delito y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987, y que fue firmada y ratificada por nuestro país.

El 26 de junio de 2017 se aprobó en México, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

De acuerdo con esta Ley General, comete el delito de tortura, el Servidor Público que con el fin de obtener información o una confesión, o con cualquier otro fin: i) cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, ii) cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la Víctima o su capacidad física o psicológica, o iii) realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento.

En ese sentido y con el fin de definir y articular una política nacional en México para la prevención, investigación y sanción de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana participó durante 2019 en las reuniones de trabajo convocadas por la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la FGR, para la elaboración del Programa Nacional en la materia.

En estas reuniones participaron representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, de la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos y la Dirección General de Política Pública de la Secretaría de Gobernación, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, la Unidad de Igualdad de Género y la Oficina del Fiscal General de la República; de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, así como del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Participaron también representantes del Programa de Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo internacional (USAID, por sus siglas en inglés), de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de asociaciones civiles, tales como Fundar y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., entre otros.

En adición a lo anterior, en noviembre de 2019 entró en operación el Registro Nacional de Detenciones (RND). El RND forma parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, y tiene por objetivo prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada.

El RND se fundamenta en la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que tiene por objeto regular la integración y funcionamiento del Registro, estableciendo los procedimientos que garanticen el control y seguimiento sobre la forma en que se efectuó la detención de personas por la autoridad.

El RND es administrado y operado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Información del SESNSP, para su adecuado funcionamiento, operación y conservación.

Fuentes: