La mediación, conciliación, así como la amigable composición y el arbitraje, ya estaban regulados desde 1996 en la legislación procesal civil de Nuevo León. Sin embargo, se requería promover y regular los métodos alternos para la prevención y, en su caso, la solución de conflictos.
Lo que se pretendía era que cuando no fuera necesaria la intervención de los órganos jurisdiccionales salvo para elevar a cosa juzgada o, en su caso, a sentencia ejecutoriada el convenio adoptado por los participantes y para el cumplimiento forzoso del mismo, actuaran los métodos alternos, de tal manera que la impartición de justicia fuera más ágil, con apego a los principios de legalidad, honestidad, igualdad jurídica, imparcialidad y transparencia.
Después de una serie de mesas de trabajo, el 2 de junio de 2004, se dio sustento a los métodos alternos para la solución de conflictos. El Congreso del Estado reformó el art. 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León . Posteriormente, el 9 de junio del mismo año, fueron aprobadas las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado . Entre las reformas a dicha ley, se creó el Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos. A partir de ahí, las instancias públicas responsables, delimitaron sus competencias y responsabilidades para el buen funcionamiento.
Finalmente, el 14 de enero de 2005, se publicó la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos (Abrogada el día 13 de enero de 2017).
El 13 de enero de 2017, se crea la nueva Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias para el Estado de Nuevo León.
De acuerdo con el art. 153 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León , hoy Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias tiene, entre otras, las siguientes funciones:
Lic. en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.
Cuenta con maestría en Mediación Familiar y con Menores de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España.
Es catedrática en la Universidad Metropolitana de Monterrey, la Universidad de Monterrey, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y la Universidad Autónoma del Noreste.
Profesora y conferenciante en diversas instituciones, destacando entre ellas: “Casa de la Cultura Jurídica de Monterrey”; “Casa de la Cultura Jurídica de Saltillo”, “Congresos Nacionales e Internacionales de Mediación”; Poderes Judiciales de los Estados de Oaxaca, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila, Distrito Federal, Tlaxcala y Guanajuato.
Ha participado como en múltiples cursos, así como en seminarios, diplomados y conferencias, mesas de diálogo, tocando los temas relacionados con los mecanismos alternativos.
Inicia sus funciones en el Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León en marzo de 2005.
Además es Coordinadora de la Red Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) y de su Comité Técnico.
También forma parte del Comité Técnico creado por el Consejo Nacional de Certificación en Sede Judicial de la CONATRIB auxiliando en la conformación de los Lineamientos para la Regulación de Criterios Mínimos de Capacitación Continua, Evaluación, Certificación y Renovación de Certificación de Facilitadores Adscritos a los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de los Tribunales Superiores y Supremos de Justicia de las Entidades Federativas de la República Mexicana.
Es miembro de la Comisión Especial designada por el Consejo Nacional de Certificación en Sede Judicial participando en la elaboración de la Base de Datos Nacional de Acuerdos Reparatorios que establece la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias en Materia Penal.
Así mismo, forma parte del Comité de Certificación de Facilitadores Judiciales en Materia Penal del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
Es miembro de Capítulo Salinas – Martínez de la Fraternidad Jurídica Internacional Phi Delta Phi.
Correo electrónicoEl personal del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos será determinado por el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias. Tendrá como titular a un director que será designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura - art. 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado -.
Constitución
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
Leyes
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León
Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias para el Estado de Nuevo León
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
Leyes Abrogadas
Códigos
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León
Reglamentos
Reformas al Reglamento de la Ley de Mecanismos Alternativos.
Criterios
Instrucciones de uso:
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2. En tu computadora, abre el archivo PDF y completa el formulario con la información solicitada.
3. Guardar los cambios realizados en el archivo PDF, y envíalo al correo imasc@pjenl.gob.mx
Autor: Poder Judicial del Estado de Nuevo León
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El solicitante deberá llenar una solicitud del mecanismo alterno deseado (mediación y/o conciliación), misma que podrá ser descargada aquí, o llenada al momento de acudir al Instituto.
Dicha solicitud deberá entregarse en forma personal; de preferencia por el interesado en el servicio, en el área de recepción del Instituto. Si las labores del instituto lo permite, se le atiende en el momento en que se deja la solicitud; de lo contrario, se le llama por teléfono al día siguiente para agendar una cita.
Una vez entregada la solicitud se turnará a un facilitador para su orientación dando cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias para el Estado de Nuevo León y su reglamento.
Los involucrados son:
El facilitador orienta y explica al solicitante en qué consisten y cómo funcionan los Mecanismos Alternativos.
Si el solicitante insiste en su petición, el facilitador procede a evaluar el caso, con el auxilio del director del Instituto o de los coordinadores.
Si no está de acuerdo se dará por terminado el trámite solicitado.
El facilitador evalúa el caso para determinar si el mismo es o no susceptible de algún mecanismo alterno, verificando que no ponga en riesgo derechos emanados de procesos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio, formalmente instaurados por uno o más de los posibles participantes.
Si resultare que la solicitud de servicio no es susceptible de someterse a un mecanismo alterno, el director del instituto o el facilitador emitirá una constancia de declaración de improcedencia y conclusión del mecanismo.
Si, si es susceptible de algún mecanismo alterno, se procede a realizar una invitación.
El facilitador emite una invitación para el invitado, a fin de que se presente en el Instituto para llevar a cabo una cita. Invitación que se entrega por medio de un notificador.
Cuando el invitado se presenta a su cita, se le explica el motivo de la cita, en qué consiste y cómo funciona el mecanismo alterno seleccionado.
Si expresare su conformidad en el procedimiento, se procede a elaborar un acuerdo de aceptación, incluyendo en él, el acuerdo de confidencialidad, el cual deberá ser firmado por las partes intervinientes y se programará una sesión conjunta entre el solicitante y el invitado, cuya fecha de inicio no podrá exceder de diez días hábiles siguientes a la entrevista con la parte invitada.
Si el invitado no estuviere de acuerdo, se dará por terminado el trámite, dándole el aviso correspondiente al solicitante.
Si la parte complementaria hace caso omiso a la invitación en tres ocasiones, y no se obtiene respuesta alguna, se le avisará al interesado y se dará por terminado el trámite requerido.
El facilitador permitirá que los interesados inicien un diálogo a través de la exposición de sus puntos de vista con relación a la controversia, mediante el empleo de técnicas y habilidades propias del facilitador, buscando ubicar a las partes en sus intereses y necesidades individuales y comunes, alejándolas de posiciones que dificultan la resolución del conflicto.
Si alguna de las partes no está de acuerdo se dará por terminado el trámite solicitado.
Se realiza el proceso de mediación o conciliación con el objetivo de buscar una solución al conflicto que se ha planteado en el Instituto de manera que se llegue a un convenio benéfico para ambas partes. Durante el proceso el facilitador deberá conducir a las partes a la búsqueda de pautas de solución factibles para el caso en concreto y que puedan en un momento dado establecerse en un acuerdo.
Esta etapa podrá desarrollarse en una o más sesiones, incluso sesiones privadas con cada uno de los participantes o con la intervención de terceras personas ajenas al conflicto, distintas al facilitador para efecto de que los asistan en cuestiones de una ciencia, técnica, arte u oficio relacionadas con la materia objeto del mecanismo alterno, lo anterior a costo de los participantes.
El procedimiento puede darse por terminado en caso de que alguno de los participantes lleguen a incumplir las reglas.
Las partes pueden solicitar un “justificante” para razonar inasistencia a sus empleos por considerarse indispensable su presencia en la sesión.
En caso de que las partes lleguen a un acuerdo, el facilitador redactará por escrito el acuerdo obtenido, haciendo constar de manera clara y concisa los puntos establecidos en el artículo 26 de la Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias para el Estado de Nuevo León.
El acuerdo se firmará por tantos números de originales como intervinientes hayan participado, haciendo entrega de un ejemplar a cada uno de ellos, y uno más para el expediente del Instituto; hecho lo anterior, se dará por cerrado el proceso respectivo.
El convenio celebrado ante los facilitadores del Instituto ratificado por los intervinientes y sancionado por el director, tiene igual eficacia y autoridad que la cosa juzgada o que la sentencia ejecutoriada, una vez cumplidas las disposiciones legales aplicables.
