Plantea riesgo de colapso si no se cubren necesidades indispensables para operar
El magistrado José Arturo Salinas Garza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, se presentó ante la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado, a fin de exponer las necesidades presupuestales del Poder Judicial para el ejercicio fiscal del año 2025, mismas que ascienden a 3 mil 600 millones de pesos.
En la mesa de trabajo estuvieron presentes los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso de Nuevo León, encabezados la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, presidenta de la misma.
En su exposición, el magistrado presidente explicó que en el proyecto de presupuesto de gasto corriente y proyectos de inversión del Poder Judicial se consideran planes que no pudieron concretarse por la falta de presupuesto de 2024.
Precisó que en el Poder Judicial de Nuevo León el recurso destinado a servicios personales representa el 86.98% del presupuesto total asignado a la institución. Se especificó que al basarse el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2024 en el de 2023, debido a la falta de aprobación del mismo, se vio seriamente comprometida la capacidad de garantizar una justicia pronta y expedita.
Detalló que el presupuesto incluye las actualizaciones con motivo de la inflación considerando dos inflaciones acumuladas, un 4.5 por ciento del 2024 y un 3.8 por ciento de inflación estimada anual para 2025, el presupuesto total planteado asciende a 3 mil 600 millones 491 mil 423 pesos, de los cuales 3 mil 212 millones 769 mil 476 pesos corresponden al gasto corriente y 387 millones 721 mil 948 pesos a programas y proyectos.
“Básicamente, en el gasto corriente se está solicitando la actualización de las inflaciones del año 2024 y 2025 y el crecimiento del personal que la misma ley nos da. Esto nos da un presupuesto de gasto corriente de 3 mil 212 millones de pesos”.
Mencionó que en la propuesta de presupuesto presentada por el Gobierno del Estado se incluyeron 3 mil 175 millones, lo que representa 37 millones menos, al recalcar que el solicitado por el Poder Judicial es el mínimo indispensable para operar, pues el rubro de servicios personales es prácticamente el 90 por ciento del presupuesto de gasto corriente.
Se detalla que el Poder Judicial enfrenta actualmente un déficit de cerca de 400 vacantes, equivalente al 12% de sus plazas totales, situación que no ha podido ser atendida por falta de recursos. Solo en lo que va de 2024, se generaron 80 vacantes, mientras que el volumen de asuntos aumentó en un 10%, lo que ha provocado un déficit de desempeño estimado en 22%. Esta situación impacta directamente la capacidad operativa, afectando la eficiencia en la administración de justicia.
“El que nos bajen estos 37 millones, evidentemente nos pega en servicios personales porque no podemos reponer las plazas que tenemos vacantes, que tenemos casi 400 plazas vacantes o nos pega en suministros de materiales o nos pega justamente en la operación”.
Agregó que además están los proyectos equivalentes a 387 millones que no están considerados en la propuesta de presupuesto del Ejecutivo.
Al comentar que la propuesta del Ejecutivo no cubre ni los requerimientos de gasto corriente, el diputado Carlos de la Fuente cuestionó las consecuencias de no cubrir las necesidades presupuestales del Poder Judicial, a lo que el magistrado presidente contestó que se corre el riesgo de colapsar el sistema de impartición de justicia.
“La consecuencia de no tener el gasto corriente es que vamos a colapsar el sistema de justicia. Nos ha ayudado muchísimo que operamos virtual porque eso nos ahorra personal, nos ahorra recursos, nos ahorra tiempo. Tenemos áreas donde podemos hacer ahorros, pero se está complicando cada día más la operación. Hoy ya tenemos una deficiencia en compra de papelería, suministros y materiales, servicios generales”.
Previamente el magistrado presidente explicó cada uno de los ejes y proyectos comprendidos en cuatro temas:
2. Descentralización del Centro Estatal de Convivencia Familiar.
3. Modernización tecnológica y seguridad de la información.
4. Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
1. Eficiencia en la administración de justicia rubro en el que se contemplan nuevos palacios de justicia en García y San Pedro Garza García
2. Descentralización del Centro Estatal de Convivencia Familiar rubro en el que se considera una mayor cobertura geográfica con centros de convivencia en San Pedro, Monterrey Sur, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y General Escobedo, propiciando acceso a un mayor número de familias, en ubicaciones más cercanas y funcionales para sus necesidades.
3. Modernización tecnológica y seguridad de la información con proyectos que contemplan la inteligencia artificial aumentada propiciando una nueva era para impartir justicia y mejorar el razonamiento humano en sistemas judiciales; prevención de ciberataques, recuperación de datos y continuidad operativa.
Renovación de los portales web y la app del Poder Judicial para facilitar el uso de servicios tecnológicos, así como el fortalecimiento e integración de nuevos servicios en línea del Tribunal Virtual.
4. Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vigente desde junio de 2023 y con plazo de inicio en abril del 2027, se recalcó que es esencial comenzar de inmediato con el proceso para cumplir con esta obligación en el plazo establecido, evitando impactos negativos en las operaciones de la institución.
Convergen tanto el sistema tradicional, como el electrónico; por lo que se requieren acciones en áreas de: Consultoría para identificación de necesidades, desarrollo de plataformas tecnológicas, implementación de las firmas electrónicas y reducción del uso de papel y expedientes físicos.
Los recursos considerados para cada rubro son:
1. Eficiencia en la Administración de Justicia:168,808,106
2. Centros de Convivencia al Alcance de las Familias de Nuevo León:102,761,841
3. Modernización Tecnológica y Seguridad de la Información:103,036,000
4. Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares:13,116,000
Dando un total en proyectos de Inversión de: 387,721,948
Total de presupuesto solicitado: 3,600,491,423