El 10 de enero de 1825, se instaló por primera vez el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, que en aquel momento se llegó a llamar “Supremo Tribunal de Justicia”. A este importante suceso se dieron cita las autoridades eclesiásticas, el gobernador del Estado y vecinos de la ciudad de Monterrey, durante el evento fue el propio gobernador quien manifestó haber quedado instalado el Tribunal.

Dentro del expediente de la causa criminal en contra de los hermanos Jorge y Nicolás Cabazos [sic] y Cirilo de León, por el delito de heridas y complicidad, se destaca una resolución firmada por el entonces magistrado Rafael Francisco de la Garza; quien durante la unión de Coahuila y Nuevo León como un solo Estado, firmó en 1859 el texto jurídico en donde marcaba que no se podrían llevar reos de una cárcel a otra.

Documento de la época revolucionaria que nos da una visión de la evolución tecnológica en la forma de impartir justicia, ya que se pasó de la tinta a la máquina de escribir; y esta averiguación practicada en contra de Roberto L. Herrera por los delitos de atentados en contra de las garantías individuales, es un ejemplo de este cambio, así como de los nuevos delitos que surgieron durante la Revolución Mexicana.