Plantean acciones coordinadas en materia de salud mental, bienestar laboral, prevención de riesgos psicosociales y especialización pericial
El presente convenio tiene por objeto el diseño, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas conjuntos orientados al fortalecimiento institucional del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en materia de salud mental, bienestar laboral, prevención de riesgos psicosociales y especialización pericial.
El convenio fue firmado por la magistrada Laura Perla Córdova Rodríguez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; y el maestro Boris González Ceja, Secretario General de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario.
Como testigos firmaron el convenio la consejera y consejeros Grisel Oyuky de León Rodríguez, Jacobo Sánchez González, Alvaro Ibarra Hinojosa y Carlos Eduardo Mendoza Cano. Por parte de la Asociación firmaron Verónica Mercedes Espinoza Cisneros, Coordinadora de Ética y Luis Fernando Chávez Aguilar, Coordinador de Organización.
La magistrada Laura Perla expuso que el convenio, más allá de un acuerdo de colaboración, representa una decisión institucional de poner en el centro a las personas.
Impartir justicia “demanda equilibrio emocional, fortaleza y sensibilidad para enfrentar, día con día los retos propios de nuestra labor y de cuidar al corazón del Poder Judicial que es su principal talento. Por ello cuidar la salud mental de quienes integran esta institución no es un tema accesorio”.
Enfatizó que quienes imparten justicia enfrentan grandes desafíos que además de conocimiento jurídico, requieren equilibrio emocional.
“Estoy convencida que una institución que cuida de su gente también fortalece el servicio que brinda a la sociedad”.
El maestro Boris González mencionó que de acuerdo a cifras del INEGI, más de 43 por ciento de la población presenta síntomas de ansiedad.
“Si lo llevamos al ámbito judicial, la evidencia internacional es clara: estudios recientes muestran que alrededor del 17 por ciento de jueces presentan niveles altos de burnout, es decir, agotamiento emocional y desgaste mental”.
Esto habla, dijo, de la necesidad de intervenir de manera oportuna, estructurada y con enfoque humano. Por ello el convenio cobra un sentido profundo porque además de proponer acciones bien pensadas y de calidad internacional, construye una respuesta integral pensando en el corto, mediano y largo plazo.
“Quiero decirlo de manera muy sencilla: cuando cuidamos a quienes imparten justicia, fortalecemos la justicia misma y ponemos nuestro granito de arena para que la vida sea mejor en nuestro país”.
En el convenio se reconoce que la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención del desgaste ocupacional constituyen un objetivo prioritario, respecto al bienestar laboral y prevención de riesgos psicosociales.
Se contempla capacitación en salud mental dirigida a las y los funcionarios judiciales, mediante la elaboración de un programa anual que contemple contenidos teórico-prácticos, modalidades presencial y/o virtual, y emisión de constancias con validez oficial, con el propósito de fortalecer habilidades socioemocionales, manejo del estrés y atención adecuada a personas usuarias del sistema de justicia.
Atención psicológica integral presencial y virtual al personal y, en su caso, a sus familiares directos, hijos, esposas, esposos, concubinas, concubinos, mediante la implementación de servicios de orientación, intervención, prevención y seguimiento, que incluyan protocolos de atención, canales de acceso confidenciales, indicadores de impacto y acciones de mejora continua, con el objetivo de promover el bienestar laboral y familiar, reducir riesgos psicosociales y fortalecer el desempeño institucional.
Prevención y atención del síndrome de desgaste ocupacional “burnout”, (considerado como un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral) y de los factores de “riesgo psicosocial” (que son condiciones de trabajo relacionadas con la organización, el contenido y el entorno social de la tarea que pueden afectar negativamente la salud física, psíquica y social del trabajador), asociados a la función jurisdiccional.
Lo anterior mediante un programa que articule acciones de diagnóstico, prevención primaria, intervención especializada y mejora del entorno organizacional, con el objetivo de salvaguardar la salud mental de las personas servidoras públicas y la continuidad y calidad del servicio de impartición de justicia.
En especialización pericial se considera la formación y certificación de personas peritas en psicología jurídica y forense, con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, a través de planes de estudio estructurados en diplomados, procesos de evaluación y certificación con estándares técnicos y éticos, así como mecanismos de actualización continua, a fin de garantizar la calidad, objetividad y rigor científico en la emisión de dictámenes periciales.
En el convenio se estipula que el tratamiento de los datos personales y de la información clínica o psicológica se sujetará estrictamente a la legislación aplicable en materia de protección de datos personales, derechos de las personas pacientes, secreto profesional, ética clínica y disposiciones relativas a salud mental y atención de personas en situación de vulnerabilidad.
El convenio tendrá una vigencia de 3 años, pudiendo renovarse por otro término igual, previo acuerdo por escrito entre los involucrados.