Tiene por objeto fortalecer el carácter de todos los servidores públicos judiciales en el desempeño de su función, mediante el fomento, promoción y difusión de los principios y virtudes que conforman la función judicial, así como establecer los criterios y valores que deben inspirar la conducta ética de los servidores públicos judiciales, con el propósito de que éstos asuman el compromiso de prestar el servicio de impartición de justicia con excelencia.