Denuncia de conductas irregulares

De conformidad con los artículos 75 y 78 de la citada ley son faltas administrativas graves y no graves las siguientes:

• Amonestación pública o privada.
• Suspensión del empleo, cargo o comisión. (uno a treinta días naturales en caso de falta no grave; y de treinta a noventa días naturales en falta grave).
• Destitución del empleo, cargo o comisión.
• Sanción económica.
• Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
• Inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. (Únicamente para faltas graves o hechos de corrupción).

Con fundamento en los artículos 138 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, y 44.1 del Reglamento para identificar, investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura del Estado, los registros que integran las carpetas de investigación disciplinaria que se tramitan ante esta Dirección tienen el carácter de reservado, con la finalidad de garantizar al respeto al principio de presunción de inocencia que, en su vertiente de regla de trato, asiste a los servidores públicos denunciados, y evitar que con la divulgación de la información motivo de denuncia se incurra en violación al debido proceso.

• Investigación: Le corresponde a la Dirección de Control Disciplinario y consiste en buscar el esclarecimiento de los hechos materia de la denuncia, y se determina si existe o no una probable responsabilidad contra uno o varios servidores públicos, mediante la información que se va obteniendo y si hay fundamento, en su caso, para la formulación de la acusación.
• Inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa: Recibida la carpeta de investigación disciplinaria, el Presidente de la Comisión de Disciplina determina iniciar o no el procedimiento de responsabilidad administrativa.
• Audiencia preparatoria: Se celebra ante el Presidente de la Comisión de Disciplina y tiene por objeto resolver cualquier incidente previo y especial pronunciamiento planteado por el servidor público denunciado, así como decidir las pruebas que habrán de desahogarse durante la etapa de Instrucción.
• Instrucción: Tiene lugar la audiencia de desahogo de las pruebas admitidas en la audiencia preparatoria. El día y horas fijados para su celebración, las partes comparecerán ante el Presidente de la Comisión de Disciplina a fin de que tenga validez el desahogo de pruebas, o bien, el Presidente podrá comisionar a cualquiera de los Secretarios Ejecutivos del Consejo de la Judicatura para llevar a cabo la audiencia.
• Resolución definitiva: Le corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura, y es en la cual, se decide si el servidor público cometió alguna irregularidad en el desempeño de sus funciones, ya sea una decisión sobre absolución o condena, en el segundo supuesto se impondrá la sanción correspondiente.
• Ejecución: Es la etapa en la que se aplica la sanción al servidor público denunciado.

Son aquellas que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, a solicitud de la Dirección de Control Disciplinario impone a los servidores públicos por probables infracciones administrativas. Consisten en la suspensión temporal del cargo, empleo o comisión, a fin de garantizar la buena marcha y continuidad del servicio público, o bien, evitar que se obstaculice la investigación o el procedimiento, así como de evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas, se impida la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa, la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa; y un daño irreparable a la Hacienda Pública estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

Véase los artículos 31 del Reglamento para identificar, investigar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos sujetos a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura del Estado, 123 y 124 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del Estado de Nuevo León.

• Contradicción.
• Continuidad.
• Concentración.
• Proporcionalidad.
• Derecho a la defensa.
• Búsqueda de la verdad real.
• Presunción de inocencia.
• Reserva del procedimiento.
• Autonomía del procedimiento.
• Protección a la Intimidad.
• Objetividad en la investigación.

El Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, aprobó hacer las adecuaciones necesarias al procedimiento para ejercer la potestad disciplinaria que le asiste, ajustándola a la nueva interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la naturaleza y características que corresponden al procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos, que al ser identificado como una clara manifestación del ius puniendi del Estado, debe ajustarse a los principios que regulan a aquel, sin que esto signifique un traslado idéntico de los mismos, porque dichos principios deben tener la modulación necesaria para que el procedimiento administrativo, en su vertiente disciplinaria, resulte compatible con su naturaleza, que es la de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, comportamiento ético, y honorabilidad que deben observar todos los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.