Colaboración y cooperación institucional
Destacando la importancia de mantener un intercambio constante entre tribunales, el Poder Judicial de Nuevo León firmó un convenio marco de colaboración y cooperación institucional con el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
La firma fue encabezada por la magistrada Laura Perla Córdova Rodríguez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León y la magistrada Marcela Herrera Sandoval, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, en la sede del Poder Judicial de esa entidad.
En una visita reciente de la titular del Poder Judicial de Chihuahua a Nuevo León se identificaron áreas de cooperación entre ambas instituciones, en temas como capacitación, uso de tecnologías, mejora de procedimientos jurisdiccionales y políticas de administración judicial. La firma del convenio cristaliza acciones encaminadas a lograr estos objetivos.
El convenio tiene por objeto la cooperación en varios rubros y materias. Se contempla la organización y desarrollo de actividades de capacitación, docencia y fortalecimiento de la formación jurídica, la investigación y la difusión del conocimiento en materia judicial.
También considera acciones en materia de la cultura de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, cultura de la legalidad, Estado de Derecho y mecanismos alternos de solución de controversias.
En el convenio se establece la cooperación en el rubro de intercambio de buenas prácticas para la implementación de herramientas y mecanismos tecnológicos pertinentes para lograr procesos más ágiles, que contribuyan a mejorar la administración de justicia, la cultura de la paz y la legalidad.
La magistrada Laura Perla Córdova Rodríguez expresó su deseo porque el convenio sea el inicio de una etapa de colaboración constante, fructífera y orientada al servicio de las personas.
“Este convenio abre la puerta al intercambio de buenas prácticas para una formación judicial, a la innovación en nuestros procesos y al fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales. Nos permite aprender mutuamente, compartir soluciones y avanzar hacia modelos de gestión más eficientes, más humanos y más cercanos a las necesidades de la ciudadanía.
La coordinación entre poderes judiciales no solo enriquece el trabajo interno de nuestras instituciones, sino que impacta directamente en la calidad del servicio que brindamos. Cuando colaboramos, cuando sumamos experiencias y conocimientos, contribuimos a generar mayor confianza social en la justicia y a consolidar instituciones más sólidas y preparadas para los desafíos presentes y futuros”.
En su mensaje de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Magistrada Marcela Herrera Sandoval, señaló que el convenio permitirá alcanzar nuevos objetivos.
“Representa un impulso que nos permite alcanzar nuestros objetivos en materias clave como la capacitación y formación judicial, el intercambio de buenas prácticas, la innovación tecnológica y mejores prácticas aplicadas a nuestros procesos.
Desde Chihuahua celebramos este acuerdo como una alianza de largo plazo, con visión de futuro, que apuesta por la profesionalización constante, la innovación responsable y la mejora continua del servicio judicial.
Gracias por estar esta tarde aquí, por su trabajo, compromiso y por formar parte de los proyectos transformadores que fortalecen la justicia cercana en Chihuahua”.
Estuvieron presentes magistrados, magistradas, comisionados del Órgano de Administración del Poder Judicial de Chihuahua, así como a titulares de las direcciones y áreas estratégicas.
En el convenio se acuerda que se desarrollará de manera conjunta acciones en las siguientes líneas de cooperación:
Capacitación y formación judicial: desarrollo de cursos, talleres, seminarios, diplomados y programas de actualización, dirigidos al personal jurisdiccional y administrativo de ambas instituciones.
Intercambio de experiencias y buenas prácticas: análisis comparado en modelo de gestión judicial, procesos administrativos, metodologías de trabajo, procedimientos jurisdiccionales, oralidad procesal, justicia digital, mecanismos alternativos de solución de controversias y estrategias de atención a las personas usuarias.
Tecnologías de la información: colaboración para el diseño, mejora o implementación de sistemas tecnológicos utilizados en la impartición y administración de justicia, plataformas digitales, expedientes electrónicos, firmas electrónicas y sistemas de gestión judicial e interoperabilidad interinstitucional.
Investigación y estudios especializados: elaboración conjunta de diagnósticos, análisis, estadísticas y proyectos de mejora institucional.
Fortalecimiento en derechos humanos, igualdad y perspectiva de género: diseño de protocolos, mecanismos de supervisión y acciones afirmativas orientadas al cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.