Pide a diputados considerar las necesidades del Poder Judicial al aprobar presupuesto para próximo año
El magistrado José Arturo Salinas Garza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, acompañado por el Consejero Juan Pablo Raigosa Treviño, se presentó ante la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado, a fin de exponer las necesidades presupuestales del Poder Judicial para el ejercicio fiscal del año 2022, mismas que ascienden a 2 mil 628 millones de pesos.
La partida propuesta por el poder ejecutivo asciende a los 2 mil 399 millones de pesos lo que hace una diferencia de 229 millones de lo requerido por el Poder Judicial para hacer frente a los programas urgentes proyectados.
El presidente explicó que el proyecto de presupuesto del Poder Judicial se compone de dos rubros: la parte inflacionaria que es de 3.4 por ciento, y el rubro de proyectos especiales mismos que se concentran en cuatro temas: implementación de la reforma laboral, centros de convivencia, módulos judiciales y capacitación.
Al entrar en detalle el magistrado presidente explicó que, por mandato constitucional, el Poder Judicial debe asumir la implementación de la reforma laboral. Para ello se estima una partida de 252 millones de pesos.
Cabe señalar que a partir del 2 de mayo desaparecerán las juntas de Conciliación y Arbitraje, por lo que el Poder Judicial absorberá los juicios en materia laboral.
Explicó que actualmente se desarrollan los procesos correspondientes para contar con el capital humano a través de convocatorias públicas que se han emitido para tal efecto.
“Tomando como base la Infraestructura de sistemas con la que cuenta el Poder Judicial, estamos trabajando para que el Tribunal Laboral incorpore herramientas informáticas de vanguardia”.
Buscando acercar la justicia a los lugares donde no hay juzgados el magistrado presidente mencionó el proyecto de los módulos judiciales para el que se requieren 21 millones de pesos.
Otro tema considerado como prioritario mencionó el relativo a la necesidad de descentralizar los servicios de los centros de convivencia familiar para abrir nuevas sedes en municipios de la zona metropolitana. En este rubro se estima una partida cercana a los 40 millones de pesos, proyectando al menos cinco centros en municipios como Apodaca, Juárez, San Nicolás, Guadalupe, Santa Catarina.
“Hay una necesidad real de acercar la justicia”, dijo.
El otro de los temas refirió la capacitación, rubro en el que se estima una partida de 10 millones de pesos con un convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León.
“Estos cuatro proyectos muy puntuales tienen una lógica de una obligación constitucional que este Congreso y el Congreso de la Unión nos dieron y es aceptar una competencia en materia laboral que tenemos que implementar y tenemos que hacer que funcione y que funcione bien, porque yo no puedo tener una justicia laboral de segunda cuando la operación del Tribunal es de clase mundial”.
El presidente pidió el apoyo a los diputados para autorizar los 229 millones de pesos que no se consideran en la propuesta del ejecutivo.
“Estamos siendo muy prudentes en todos los sentidos”, dijo.
En entrevista posterior, el magistrado presidente agregó que observó a las fracciones parlamentarias muy conscientes de la necesidad del Poder Judicial.
“Lo que estamos solicitando no es una petición que sea caprichosa, está perfectamente documentada, muy clara, muy puntual”, comentó.
Los diputados dijeron que buscarán dar al Poder Judicial el apoyo requerido.