Firma de convenio con Poderes Judiciales de varios estados del País en materia de mediación a distancia
A fin de ampliar la red de cooperación que permita mayor uso y aplicación de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos a lo largo del territorio nacional, el Poder Judicial de Nuevo León firmó un convenio de colaboración con otros Poderes Judiciales del País.
Fortaleciendo el acceso a la justicia, participan en el convenio los Poderes Judiciales de los estados de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.
El convenio tiene como antecedente el acuerdo de colaboración firmado en octubre de 2014, mismo que representó el primer ejercicio que implementó el Poder Judicial de Nuevo León junto con los Poderes Judiciales de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas.
Reforzando las acciones en materia de impartición y procuración de justicia, el convenio de colaboración tiene por objeto fomentar en la ciudadanía la cultura de paz,
facilitando el servicio de los mecanismos alternativos a distancia con apoyo de tecnologías de la información y comunicación.
Además, se busca promover la cultura y el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias en el ámbito competencial de cada uno de los poderes judiciales firmantes.
Se contemplan acciones conjuntas tendientes a impulsar y coordinar la creación y operación de programas en la materia, a través de enlaces de videoconferencias en el marco del proyecto de mediación a distancia.
Efectuar investigaciones y estudios conjuntos, tendientes a mejorar la aplicación de los mecanismos alternativos para la solución pacífica de conflictos;
Brindar el servicio de Mediación y Conciliación a distancia de manera gratuita, rápida, confidencial, imparcial y honesta a la población que por su situación geográfica se encuentre distante.
Organizar eventos de promoción y difusión relativos a los mecanismos alternativos para la solución pacífica de conflictos.
“El tema que hoy nos ocupa, surge de la preocupación de los Poderes Judiciales que representan dignamente y del Poder Judicial de Nuevo León, por atender las necesidades de la población en general, en cuanto a facilitar y simplificar los mecanismos de acceso a la justicia”, expresó el magistrado Francisco Javier Mendoza Torres.
Agregó que la intención de celebrar el convenio, es fortalecer los puentes y lazos que contribuyan a la atención de las necesidades de la población; así como el de robustecer de manera eficaz y eficientemente el servicio de los mecanismos alternativos a distancia, esto es, incluso cuando las partes involucradas en un conflicto se encuentren en distintas entidades federativas.
“Los poderes judiciales aquí representados, con la convicción y compromiso de ser garantes de los derechos de las personas, contribuyen en la resolución y atención de las necesidades de todos los intervinientes, poniendo a disposición de quienes así lo requieran, los servicios de mecanismos alternativos con apoyo de tecnologías de la Información y Comunicación que permitan acercar a todos, aun cuando materialmente no es posible, efectuándose mediaciones, conciliaciones y juntas restaurativas a través de video conferencias; así como el intercambio de información estadística que permita monitorear la efectividad de los procesos implementados”, expresó.
Para el cumplimiento del convenio, se llevaron a cabo las gestiones necesarias para la implementación de mediaciones y conciliaciones a distancia, adecuando las instalaciones con una sala que cuente con el equipo necesario para efectuar videoconferencias; así como compartir información estadística que permita monitorear la efectividad de los procesos implementados, poniendo al alcance de todos, los beneficios de estos procedimientos desarrollados con base en los vínculos de colaboración interinstitucional.
A través de espacios seguros, confidenciales y con la asistencia de personal especializado en la materia y adscrita a los Poderes Judiciales que sigan el convenio, se brindarán los servicios de mediación, conciliación y procesos restaurativos, que permitan atender las necesidades y responsabilidades de los involucrados en un conflicto; incluso cuando no se encuentren en la misma entidad federativa, lo que permite impulsar y consolidar la seguridad jurídica en la población que así lo requiere.
El convenio fue firmado por el magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, Presidente de Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León; la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila; el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Chihuahua; Esteban Calderón Rosas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Durango; el magistrado Horacio Ortiz Renán, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas; y el magistrado Héctor Maldonado Bonilla, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tlaxcala.
También suscriben el convenio, firmando con posterioridad, el magistrado Daniel Gallo Rodríguez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Baja California Sur; el magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas; el magistrado Héctor Sánchez Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Puebla; el magistrado Enrique Inzunza Cázarez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Sinaloa; y el magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Sonora.
Como testigos de honor firmaron los Consejeros de la Judicatura: Hugo Alejandro Campos Cantú, Juan Pablo Raigosa Treviño, José Antonio Gutiérrez Flores y Pedro Cisneros Santillán.
Con la firma del convenio, los Poderes Judiciales representan un parteaguas en la consolidación de los servicios de mecanismos alternativos en México; atendiendo el mandato constitucional de contar con una justicia eficiente, ágil, oportuna y gratuita.