Un día de 1909 en Monterrey, un súbdito japonés de nombre Yamada denunció el robo de diversas prendas de ropa de su cuarto de habitación. Tenía pocos años de vivir en la ciudad, ejerciendo la profesión de jornalero. Vivía frente a la Planta de Luz y Fuerza Motriz de los Carros Eléctricos. Pero el poco tiempo que tenía establecido en la ciudad no le dio la oportunidad de aprender el español suficiente para poder hablar ante las autoridades. Una vez presentado en el juzgado, se le facilitó un perito intérprete japonés de nombre Takan, quien lo ayudó. Con ello, pudo culpar a Sameshita, originario de Kagoshima, un excompañero de cuarto suyo. Sameshita tampoco conocía bien el español, así que se le pudo encontrar otro intérprete, el Sr. Francisco Takeshita, que ayudó a que respondiera las preguntas que se le hicieron. En ambos casos, el intérprete se convirtió en algo más, pues fue quien dio validez a las declaraciones, firmando por las partes.

Una vez que se demostró la culpabilidad de Sameshita, para la actuación final donde se le hacía saber su sanción, se le permitió firmar en su idioma, quedando plasmado en la parte final del expediente su nombre escrito con kanjis, algo que para entonces no estaba previsto en los protocolos y que se mantiene como el único caso con este tipo de firma en el acervo.

En este tercer caso, sucedido en 1923, el ciudadano David Weil acudió al Juzgado Primero de Letras del Ramo Civil para promover un juicio de intestado por el fallecimiento de su socio, hermano y comerciante, el Sr. Pablo Weil. Aunque ambos habían vivido en Monterrey, el Sr. Pablo Weil se encontraba en Barr, Alsacia, al momento de su muerte.

Hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, Alsacia había pertenecido al Imperio Prusiano (Alemania) tras arrebatárselo al Imperio Francés en la Guerra Franco-Prusiana (1871). Luego de la guerra, había regresado a los franceses. Así, mientras que algunas comunicaciones se encontraban en alemán, gran parte de la documentación oficial se encontraba en francés.

El procedimiento que debía seguir Weil era el de traducir al español los distintos telegramas, actas y demás documentos recibidos. Por medio de ello serían admitidos en el juzgado; sin embargo, antes de eso, debía legalizar nacionalmente toda la documentación de registro civil que poseía. Para ello resultaba necesario que pasara por el Cónsul Mexicano en Francia, quien la sometía a un análisis y daba fe de que quienes firmaban eran autoridades francesas.

El Sr. Weil pudo cumplir con todos los pasos, lo que le permitió seguir el juicio en forma y otorgar los bienes que quedaron a la viuda de Weil, la Sra. Heimerdinger. Los originales se conservaron, siendo una muestra de esa complejidad derivada de la disputa de dos naciones.

En enero de 1930, en Monterrey, Ricardo Velazco, a nombre del Banco de México, inició un juicio mercantil en contra de T. Ayres Robertson, un hombre de negocios extranjero. Para prepararlo, solicitó unas diligencias de reconocimiento de firma, presentando la distinta documentación que se requería: diversos cheques provenientes de Iowa, Estados Unidos. El juzgado realizó, debidamente, distintas copias y traducciones de los cheques, con el fin de devolverle los originales.

Sin embargo, una vez comenzado el juicio mercantil, se descubrió que los cheques no tenían fondos en el Bank of Lu Verne. Para dar fe de ello con validez judicial, Velazco solicitó una "protesta" del Notario Público del Condado de Kossuth, Iowa, que era una fe notarial de que efectivamente esto era cierto. Esta se incluyó como prueba, pues dicha figura ya formaba parte del sistema judicial mercantil mexicano desde el siglo XIX, agregando solamente su respectiva traducción. Si bien provenían de otro país, el procedimiento para verificar la información ya era similar en ambos países.

Tras ello, el Sr. Robertson y Ricardo Velazco llegaron a un acuerdo, en el que se comprometían a pagar semanalmente la cantidad en deuda, manteniéndose dicha documentación como prueba en caso de que se rompiera el compromiso.