Durante el siglo XIX, los sellos judiciales en México representaron un instrumento fundamental en la validación y legitimación de documentos oficiales, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial. Estos sellos, heredados de la tradición colonial española, servían para autenticar sentencias, edictos, notificaciones y otros actos de autoridad, garantizando así su validez jurídica. La presencia del sello en los documentos no solo constituía un requisito legal, sino también un símbolo de la soberanía estatal en un contexto de construcción de instituciones republicanas tras la independencia.

A través de su iconografía y sus inscripciones, los sellos evidencian los cambios de regímenes y la afirmación de nuevas identidades políticas y jurídicas. Estos elementos gráficos no eran meramente ornamentales, sino portadores de discursos de autoridad que legitimaban el orden legal. Por lo tanto, los sellos judiciales no solo tuvieron un papel práctico en la administración de justicia, sino que también funcionaron como testimonios materiales de la cultura política y jurídica del México del siglo XIX.

Para inicios del siglo XX los sellos se mantuvieron esencialmente funcionales. Los simbolismos de poder e identidad se recuperaron en cierta medida, aunque se reservaron a portadas. Por su parte, las referencias históricas y a los estados continuaron en los timbres. Los sellos del juzgado cambiaron su tipo de tinta, ahora con color azul o rojo, y su forma ovalada, que era totalmente circular. Así, durante la primera mitad del siglo XX este sistema se siguió utilizando masivamente.

Es en la década de los 1940 que las estampas fiscales se empiezan a ver cada vez menos en los expedientes y solo se observan en otro tipo de documentos legales, como las relacionadas con transacciones monetarias. Así, en los expedientes serán sustituidos por los sellos impresos del juzgado, centrados menos en ofrecer simbolismos y más en la utilidad de identificación y validez.