En 1870 la comunidad de la Villa de Juárez se unió por un motivo: presentar una denuncia ciudadana en contra de Don Pedro Garza Cantú, quien fungía como Secretario del Ayuntamiento y director del Juzgado local realizando malas prácticas que afectaba la realización de los juicios. La queja principal fue Garza Cantú además de ocupar los cargos antes mencionados también actuaba como abogado defensor de una de las partes en los juicios. Esto generaba una competencia desleal y falta de imparcialidad al influir directamente en el Juez para que sus partes representadas ganaran el juicio.

En su escrito los vecinos mencionaron que era evidente el uso de influencias cuando una persona del pueblo apostó públicamente a que ganaría un pleito legal (50 pesos contra 5) porque contaba con el favor de Garza Cantú. También expusieron otros casos criminales graves que se veían frenados por esta misma razón, como el de una mujer que hirió a otra y el de un intento de homicidio donde los culpables no fueron arrestados, a pesar de existir órdenes superiores, debido a la protección del secretario.

Es por tal motivo que los vecinos se unieron y presentaron el escrito en donde piden la remoción de Don pedro Garza Cantú del empleo de Secretario y Director de los Juzgados de la Villa de Juárez, firmado por todos las personas que se han visto afectadas por tales malas prácticas para un empleado público, ya que no estaba permitido auspiciar negocios jurídicos particulares.

Durante la década de 1920 el Consejo de Salubridad del Estado de Nuevo León se dedicó a investigar a aquellas personas que se encontraban realizando actividades o prácticas relacionadas de manera directa con la medicina, salubridad e higiene públicas, esto con el propósito de regular el ejercicio médico en la región conforme la ley. Un caso que tomó relevancia fue el del señor Manuel E. Elizondo, quien en abril de 1921 fue acusado por este Consejo de ejercer la profesión de la Medicina y anunciar sus servicios al público sin cumplir con lo previsto por la Ley, es decir, sin contar con un título o autorización que respaldaran sus prácticas.

Sin embargo, la justificación que proporcionó el señor M. E. Elizondo por medio de un escrito dirigido a los miembros del Consejo de Salubridad fue la siguiente: él era Profesor Naturópata con título del Instituto Naturológico de México; no ejercía de manera clandestina la medicina, en cambio ejercía de manera libre una “profesión nueva” llamada Naturismo. Pidió que este nuevo arte de curar, así mencionado en el escrito, no fuera comprendido dentro de la ley que regía en el ejercicio de la Medicina en el Estado al no administrar drogas ni realizar intervenciones quirúrgicas.

Una vez leído el escrito con algunos folletos que pretendían justificar lo solicitado, el 30 de abril de dicho año el Consejo de Salubridad acordó que no era posible acceder a lo que solicitó el acusado por tratar con la salud de las personas, por lo que se le previno de abstenerse a ejercer en lo absoluto tal “profesión”, y en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado se procedería en su contra conforme a la ley.

La tarde del 23 de agosto de 1950 se reunieron los integrantes de la Sección 26 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (S.T.I.C.) para celebrar una Sesión Extraordinaria, presidida por el señor Carlos Villarreal G. como Secretario General de la Organización, con motivo de dar a conocer el dictamen formulado por la Comisión de Honor y Justicia sobre la situación que enfrentaban los acusados José Herrera Castellanos, Gerardo Garza y Donaciano Serna por malversación de fondos de manera conjunta.

Uno de los inculpados, el señor José Herrera, había sido asignado como tesorero de la Comisión de Auxilios y Defunciones. Ahí tenía la facultad de conservar bajo su poder grandes cantidades de dinero recaudadas entre todos los miembros de la Organización, cuyo destino era el de proveer a aquellos compañeros cinematografistas cuando se encontraran enfermos o liquidar el seguro de defunción cuando acaeciere el fallecimiento de alguno de ellos. También tenía de obligación de rendir cuentas y exhibir las cantidades que administraba para la comprobación de la existencia de tales fondos, pero la última ocasión que le solicitaron los balances sorprendió a toda la Asamblea del STIC al declarar sin preámbulos, y con cierto cinismo, que había usado la cantidad de $14,353.46 para la atención médica de su hermana y en la compra de un camión de carga que había obtenido en compañía de los señores Gerardo Garza y Donaciano Serna.

Declaró que, en compañía de los otros dos acusados, constituyó una sociedad en la que adquirieron el camión de carga con el dinero malversado, para ponerlo en explotación con fines lucrativos. Esta acción representó un gran abuso de confianza que en ellos tenían depositada todos los miembros de la Sección 26 del STICSCRM, por lo que el 9 de septiembre de 1950 fueron formalmente acusados por la Asamblea de tal Organización por haber cometido los delitos de robo, abuso de confianza y fraude al apoderarse de la cantidad de $14,353.46, negándose a entregarlos.