Historia del Tribunal Superior de Justicia

  • El Supremo Tribunal de Justicia del Siglo XIX
  • El Poder Judicial del Siglo XX
  • Poder Judicial en la época contemporánea del Siglo XXI

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Origen

El 7 de mayo de 1824 Nuevo León se convirtió en un Estado Libre y Soberano; por consiguiente, y a partir de ahí, sus pobladores empezaron a establecer y organizar cuáles serían las instituciones republicanas que habrían de representarlos. El 1.° de junio se lanzó la primera convocatoria, por parte de la Diputación Provincial, para las elecciones de los ciudadanos que integrarían el Primer Congreso Constituyente de Nuevo León.

El Congreso fue instalado el 1.° de agosto, y los ciudadanos electos que lo integraron fueron el Dr. José Francisco Arroyo, el Dr. José María Gutiérrez de Lara, el Lic. Pedro Agustín Ballesteros, el Lic. Juan Bautista de Arizpe, Juan José Garza Treviño, Antonio Crespo, José María Pérez, Pedro José de la Garza Valdés, el Lic. Rafael de Llano y José María Parás. Todos los empleados, autoridades y corporaciones civiles, militares y eclesiásticas, le juraron obediencia a esta institución, y quienes se negaran a ello, tendrían que irse de la entidad, de conformidad con el (Decreto n.° 6).

Como la tarea primordial del Poder Legislativo era crear la Constitución, se tuvo que nombrar un gobernador provisional, mientras se lanzaba la convocatoria para el definitivo. Ocupó este cargo José Antonio Rodríguez, destacado político de la época - fue síndico del Ayuntamiento de Monterrey, jefe político de la provincia y procurador de la ciudad -. Los decretos expedidos en ese periodo fueron firmados por él, los días 8 y 11 de diciembre de 1824 (Decretos n.° 12 y n.° 15). Decretos que fueron la base legal para marcar el inicio de una nueva etapa en la administración e impartición de justicia.

En estos, se dispuso que, en primera instancia, los tribunales debían contar con asesores generales ordinarios - letrados -, electos popularmente, con posibilidad de relección y sujetos al pago de honorarios - de acuerdo con un arancel -. La segunda instancia estaría conformada, mientras no hubiera rentas, por un magistrado letrado con dos asociados - electos -, pero ahora con renta fija a cargo de la entidad. Y la tercera instancia se constituiría por un magistrado letrado y dos asociados que no hubieran intervenido en la causa anterior. Además de ello, el Congreso determinó que se debían elegir popularmente veintiún hombres, “íntegros y de bien”, para servir de asociados del magistrado letrado, tanto en la segunda y tercera instancia, como en recurso de nulidad.

Prácticamente, a través de los (Decretos n.° 12 y n.° 15) se otorgaron los primeros nombramientos de jueces y magistrados en Nuevo León - sancionaban lo dispuesto por el Congreso del Estado, respecto al nombramiento de los Asesores Generales Ordinarios de juzgados de primera, segunda y tercera instancias -.

El primer magistrado presidente fue Don José Alejandro de Treviño y Gutiérrez, gran jurista nuevoleonés - nombramiento que se le dio en sesión celebrada por el Honorable Congreso el 9 de diciembre de 1824 -, quien haciendo uso de sus facultades y mediante actas del 3, 5 y 7 de enero de 1825, designó como integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Nuevo León a Don Francisco López Portillo como secretario y escribano de la Cámara de la Audiencia, y a Lázaro Ramírez y González, como portero de la Sala de Audiencia.

Dos días después, en un nuevo acto precedido por Don José Alejandro de Treviño y Gutiérrez, se eligió por sorteo, de entre ocho candidatos - que se presentaron de una lista de veintiuno -, quienes serían los seis magistrados restantes que conformarían el Tribunal, quedando de la siguiente manera: para conjueces de la segunda instancia se designaron a Don Nicolás Garza Guerra y a Don José Antonio Eznal; para la tercera instancia fueron Don Tomás Iglesias y Don Julián de Llanos; y para el juicio de nulidad, Don Bernardo Ussel y Guimbarda, y Don Zenovio de la Chica. Ya conformado el Tribunal, el 10 de enero de 1825 quedó instalado formalmente, a través de una sesión solemne y mediante las Actas del Tribunal Superior de Justicia de fechas 3, 5 y 7 de enero de 1825.

No obstante lo anterior, el 5 de marzo de 1825, después de la labor intensa que realizó el primer grupo de constituyentes, se sanciona la primera Constitución de Nuevo León. El primer gobernador constitucional de la entidad fue José María Parás. Y es a partir de esta en que se empieza con una nueva organización constitucional del Poder Judicial del Estado y su máximo tribunal - el Supremo Tribunal de Justicia del Estado -.

Entre otras cosas, esta Constitución en su art. 136, consagraba la potestad - exclusiva - a los tribunales de aplicar las leyes en causas civiles y criminales. Prohibía a estos suspender la ejecución de leyes y les impedía la realización de reglamentos para la administración de justicia. Respecto a derechos fundamentales, no se podía juzgar por tribunales extraordinarios, así lo establecía en su art. 139. También se indicó que ningún negocio podía tener más de tres instancias - art. 145 -; y se garantizó el debido proceso - art. 146 -. Además de lo anterior, tratándose de la pena de muerte, se otorgó la potestad al Poder Judicial de revisar en última instancia, ante de ser ejecutada esta.

Al Lic. José Alejandro de Treviño y Gutiérrez junto con su grupo de trabajo - un selecto grupo de grandes hombres conocedores de la normativa -, les correspondió sentar las bases legales sobre las que se construiría el Nuevo León independiente; ya que les tocó la transición entre el régimen colonial y la vida republicana.


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La Audiencia de 1825

A partir de 1825 quedó consagrado que, a nivel local, los alcaldes continuarían ejerciendo funciones correccionales, conciliatorias y judiciales. En los municipios en que se contara con tres mil habitantes, estos fungirían como jueces de primera instancia; no obstante, si no se alcanzaba dicha cifra, se podía solicitar esta función al Congreso. Sin embargo, para los distritos en que no se tuviera esta figura institucional, se estableció que se debería acudir al juzgado más próximo, de tal manera que todos tuvieran acceso a la justicia.

En ese entonces, lo que hoy conocemos como Poder Judicial - y su Pleno -, se denominaba “La Audiencia”. Los jueces de primera instancia debían hacer del conocimiento de esta, todos los asuntos judiciales.

La “Audiencia” estaba conformada por tres salas, cada una presidida por un magistrado y un fiscal. Las cuales conocían de los asuntos civiles y criminales, en segunda y tercera instancias, ejercían el recurso de nulidad y, realizaban los juicios de residencia a los empleados y funcionarios públicos. Entre otras atribuciones, era responsable de la conducta de los magistrados y jueces, así como de sus competencias - que se suscitaran entre ellos o con alguna de las salas de la Audiencia -; pero no podía suspender la ejecución de las leyes ni reglamentar la administración de la justicia.


El Supremo Tribunal y las reformas constitucionales


La Constitución de 1849

Después de un periodo centralista y la invasión norteamericana, Nuevo León empezó a restablecerse y la VIII legislatura redactó la reforma constitucional del Estado. Sin embargo, no es hasta el 1.° de febrero de 1849 en que se inauguró el primer periodo de sesiones del Congreso, quedando aprobado el texto de la nueva Constitución el 29 de octubre de 1849.

En esta se estableció que el Supremo Tribunal de Justicia estaría integrado por magistrados - con duración en su cargo de dos años - y por el ministro fiscal. Siendo este la última instancia estatal en las causas civiles y criminales. Entre las facultades que la Constitución le consagraba estaba el conocer de juicios de responsabilidad de los alcaldes - por faltas cometidas en su encargo -, asesorar a los jueces de primera instancia, examinar y aprobar el título de los abogados y escribanos; elaborar su reglamento interno - aunque debía ser aprobado, en última instancia, por el Congreso del Estado -, etc.

Además del Tribunal Supremo, se crea una figura que reconoce el art. 127 de esta Constitución, que es el Tribunal Especial, integrado por nueve jueces y un fiscal - nombrados por el Congreso del Estado -. Este conocía de las causas y negocios contra el primero o alguno de sus ministros.


La Constitución de 1857

Bajo el contexto nacional de lo que consagraba la Constitución de 1857 al establecer que México era una república representativa, popular y federal, regida bajo principios liberales; separando la Iglesia del Estado , se convocó en Nuevo León al tercer Congreso constituyente del Estado para promulgar una Constitución apegada a los lineamientos federales. Siendo hasta julio de ese año en que el XI Congreso Constitucional del Estado inició sesiones, y tras una mesa de trabajo legislativo, el 14 de octubre de 1857 se publicó la nueva Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y Coahuila - Coahuila era parte de Nuevo León, mediante el decreto promulgado el 19 de febrero de 1856 -.

Bajo la nueva Constitución, el 14 de noviembre de 1857, se crea la ley de procedimientos judiciales y el 17 del mismo mes, por decreto del Congreso, se abolió la asistencia de las autoridades y funcionarios públicos a las festividades y ceremonias del culto religioso.

Este nuevo texto constitucional prohibió la desaplicación de la ley y la elaboración de su reglamento para la administración de justicia. Respecto a la desaplicación de la ley, resultó contrario a lo que consagraba el texto federal, que determinaba que las leyes que contraríen a este y a las leyes de la Unión, debían desaplicarse.


La Constitución de 1874

Con la muerte de Benito Juárez y, por ende, concluida la revuela de La Noria en 1872, y ante el gobierno de Lerdo de Tejada, Nuevo León tuvo que reformar su Constitución, de acuerdo a este nuevo gobierno, que promovió una serie de reformas constitucionales. En su XVII Legislatura fue votado el nuevo texto constitucional, como reforma al de 1857. A diferencia de la anterior, esta solo rigió en Nuevo León, no en Coahuila como la anterior. En dicho documento supremo, se eliminó la potestad del Tribunal de conocer los recursos de protección y fuerza que interpusiera el juez eclesiástico, así también, la declaración de este de si el reo que tomaba asilo gozaría de inmunidad.


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El siglo XX trajo importantes adelantos en lo que se refiere a impartición de justicia, entre los primeros cambios que se suscitaron fue que la justicia debe ser más expedita y existiera un mayor acercamiento de esta con la sociedad, de tal manera que para cumplir ello se creó un juzgado en Monterrey, y una nueva fracción judicial en el municipio de Montemorelos. Además de ello, se erigió el juzgado local en la congregación de Colombia, el cual dependería del Juez de Letras de la Sexta Fracción Judicial, cuya sede estaba en Villaldama.

Se hicieron una serie de reformas que se consideraron primordiales para consolidar el Tribunal Superior de Justicia. La primera de ellas fue la del 24 de octubre de 1900. En esta se establecía la normativa de cómo los jueces locales debían proceder en los despachos judiciales. También hubo reformas a los códigos civil y penal, así como al Código de Procedimientos Civiles. Además de ello se creó el Reglamento de la Penitenciaría del Estado, poniendo a Nuevo León a la vanguardia en el sistema correccional, en lo que a la zona noreste del país se refiere.

Es importante destacar que estas reformas estaban relacionadas, en términos generales: con el pronunciamiento de la sentencia, el valor del registro público de bienes; remisión, reducción y conmutación de la pena; documentación notarial, etc. Prácticamente con todas estas reformas se pretendía que la sociedad del estado entendiera el valor de sus actos y conociera cuáles serían las consecuencias de estos si actuaban en contra de las leyes y de los derechos humanos.

En 1917 el Supremo Tribunal de Nuevo León estaba integrado por cinco magistrados propietarios y siete supernumerarios. Estos duraban seis años en su encargo, y eran electos de manera directa y popularmente. Los jueces de primera instancia también eran elegidos popularmente. Entre las facultades que tenía el Poder Judicial en este periodo, estaba la de iniciar las legislaturas correspondientes - leyes y decretos –, para el mejoramiento de la administración de justicia.


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El Poder Judicial siguiendo la trayectoria de constante progreso y vanguardia en la administración e impartición de justicia, en beneficio de la sociedad nuevoleonesa, continúa innovando, haciendo uso de las herramientas necesarias para ello. Por ejemplo, otro de sus grandes logros fue en el 2002, año en que se apoyó de la tecnología para crear el “Tribunal Virtual”, convirtiéndolo en uno de los primeros sistemas judiciales, a nivel mundial, y primero en el país, que aprovechaba las bondades del Internet. Con este sistema se logró una economía procesal, mayor transparencia y agilidad, pues ahora los abogados pueden presentar sus promociones y notificaciones vía electrónica, en cualquier hora y desde cualquier lugar, los 365 días del año, de manera segura y confiable.

En constante evolución, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León vuelve a estar por encima de otros poderes judiciales del país, al ser el primero en implementar en su sistema los juicios orales. Nuevo León desde noviembre de 2004 empezó a aplicar un sistema mixto, con amplios matices de corte acusatorio, tomando como referencia normativas avanzadas de otros países. De tal manera que, mediante el Decreto n.° 118, del 28 de julio de 2004, se propuso incluir dentro del sistema penal, el juicio oral, la suspensión del procedimiento de preparación de la acción penal, la suspensión del procedimiento a prueba del procesado, la conciliación y la mediación como medios alternos para la solución de conflictos, y el procedimiento abreviado, etc.

Posteriormente, el 17 de febrero de 2006 se reforma el sistema integral de justicia para adolescentes del Estado, de conformidad al art. 18 de la Ley Suprema, que determinó que este debía respetar los derechos humanos y fundamentales de los menores infractores, bajo la operación de un sistema especializado, protegiendo su integridad e interés superior, y acorde también a los estándares de justicia internacional. Así que conforme Decreto n.° 415, el 10 de septiembre de 2006, se publica la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes del Estado de Nuevo León.

En el 2006, la LXX Legislatura del H. Congreso del Estado determinó iniciar de manera gradual, la regulación del procedimiento oral en materias civil y familiar, en asuntos relacionados con el arrendamiento, divorcio voluntario, custodia de menores y controversias con motivo de alimentos. Es así que para introducir estos y a través de los Decretos 153, 226, 390 y 356, se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos. Entrando en vigor el 1.° de febrero de 2007.