Diálogo e intercambio de experiencias sobre interpretación y aplicación de Ley Nacional de Ejecución Penal
Diálogo e intercambio de experiencias sobre interpretación y aplicación de Ley
Con el objetivo de dialogar sobre la interpretación y aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal; así como intercambiar experiencias de prácticas jurisdiccionales e ideas en torno al nuevo Sistema de Justicia Penal en la etapa de ejecución de sanciones, se lleva a cabo el 1er Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal.
Organizado por el Poder Judicial de Nuevo León, el Encuentro busca llegar a consensos respecto de los fines y principios contenidos en la Ley Nacional de Ejecución para su mejor interpretación y aplicación, mejorando la impartición de justicia y contribuyendo en la solución de la crisis del sistema penitenciario, con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
A partir de las reformas integrales acontecidas en materia penal, se evolucionó hacia una más eficaz consolidación al sistema de impartición de justicia, el cual trascendió hasta el apartado de la ejecución de sanciones de la República Mexicana, de ahí el interés en compartir experiencias, sentar precedentes y refrendar compromisos en los trabajos que se desarrollan en el Encuentro.
El evento fue inaugurado por el magistrado Jorge Luis Mancillas Ramírez, en representación del magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León; el maestro Miguel Sarre Inguínz, Profesor e Investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México y el maestro Rafael Antonio Torres Fernández, Director General del Instituto de la Judicatura del Estado.
Al dar su mensaje, Mancillas Ramírez precisó que “la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye una parte fundamental para mejorar las condiciones de vida, garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignificación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios”.
Resaltó que los objetivos de la Ley Nacional son establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social.
“Se delega la responsabilidad en los Poderes Judiciales para contribuir a esos objetivos, vigilando el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”.
Reconoció que existe polémica acerca de la aplicación de la Ley y las atribuciones de los juzgadores en la denominada judicialización de la ejecución penal, por lo que es relevante que sean materia de exposición, diálogo y consensos entre los juzgadores.
El maestro Rafael Torres Fernández expresó que existe un gran reto para los jueces de ejecución del país.
“A ellos les corresponde, entre otras cosas, garantizar que la sentencia condenatoria se ejecute en sus términos, pero al mismo tiempo, deben velar por la protección jurídica de las personas privadas de su libertad, promoviendo parámetros para la gobernabilidad de los centros de reclusión penal, a fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, así como velar por el cumplimiento de uno de los principales principios del sistema penitenciario, que es la reinserción social de sentenciado”.
“Los grandes proyectos inician con la suma de buenas voluntades”, dijo al expresar que lograr un trabajo colaborativo y unificado produce un beneficio en los operadores del sistema de justicia y por ende, en la sociedad.
Para el licenciado Miguel Hugo Vázquez Hernández, Juez de Ejecución de Nuevo León, es indispensable intercambiar opiniones y prácticas sobre la aplicación e interpretación de la Ley Nacional.
“Con la esperanza de logras más consensos que disensos respecto a los fines y principios contenidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, para su mejor interpretación y aplicación, mejorando la impartición de justicia y contribuir en la solución de la crisis del sistema penitenciario, respetando siempre los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
Las actividades del Encuentro fueron cuidadosamente estructuradas para identificar, analizar y proponer soluciones a las distintas problemáticas que se presentan o pudieran presentarse en la interpretación y aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con exposiciones de juristas expertos, así como paneles y mesas de trabajo.
Se impartió la conferencia magistral Ley Nacional de Ejecución Penal a cargo del maestro Miguel Sarre Inguínz, así como un panel de análisis de los artículos transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, un panel atribución de los jueces de ejecución y uno sobre controversias jurisdiccionales previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Participan magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, así como de los poderes judiciales de los Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Morelos y Nuevo León.