Historia del Consejo de la Judicatura

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La influencia del modelo europeo continental y, particularmente, el adoptado por la Constitución Española de 1978, respecto a la figura del Consejo Judicial – también conocido de la Magistratura o de la Judicatura –, dio pie para que las legislaciones latinoamericanas lo introdujeran en su normativa, entre ellas, la mexicana.

Es así que en el mes de diciembre de 1994, en que el Poder Ejecutivo envía al Congreso de la Unión la iniciativa de proyecto de Decreto que reforma, adiciona o deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el art. 100, en el cual propone la creación del Consejo de la Judicatura Federal, como el órgano encargado de realizar las funciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación. Después del proceso legislativo, fue aprobada la iniciativa presidencial, y con ella, nace esta nueva institución dentro del Poder Judicial.

Las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, dando inicio su vigencia el día 13 de marzo de 1996. Figura que a nivel nacional fue bien vista, y calificada como una institución que logra una mejor administración e impartición de justicia en el país.

En Nuevo León, el primer intento de creación del Consejo de la Judicatura data de 1991, cuando se presentó ante el Congreso del Estado, una propuesta. En esta, se establecía que aquel iba ser un órgano autónomo que fortaleciera la administración del Poder Judicial. El cual tendría a su cargo el nombramiento, promoción, inspección y régimen disciplinario de este. Pero no es hasta con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diciembre de 1994, en que se empieza a tomar fuerza dicha propuesta. De tal manera que en el Estado, es a partir de este año en que se consideran como punto de partida, las reformas para la creación de esta institución.

Con posterioridad, en 1995, el Congreso del Estado celebró un foro sobre la reforma al Poder Judicial. Entre los temas que se discutieron fue el de la creación del Consejo de la Judicatura. La mayoría de los participantes expresaron la necesidad de este, como órgano que debía encargarse de la administración de los recursos del Tribunal Superior de Justicia, pues este debía dedicarse únicamente a su verdadero objetivo que es impartir justicia. Por consiguiente, se sugirió su implementación, integrado por consejeros propuestos por los tres poderes del estado – ejecutivo, legislativo y judicial –, así como por representantes de organizaciones civiles o colegios de abogados y facultades de derecho.

Sin embargo, no fue hasta con la creación del Consejo de la Judicatura federal lo que motivó a la implementación del mismo a nivel local, al existir similitudes entre la reforma federal y los proyectos de iniciativa presentados al Congreso local. De tal manera que en febrero de 1996, el Ejecutivo local convocó a una comisión redactora para la reforma constitucional en materia de justicia y la elaboración del proyecto de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.

El 13 de mayo de 1996 se presentó una iniciativa, en la que se señalaba llevar a cabo una reforma integral al sistema de justicia estatal, modificando los distintos órganos que tenían relación con ella. El pronunciamiento para introducir la figura del Consejo de la Judicatura en Nuevo León no tuvo ninguna corriente en contra, por lo que se consideró unánime.

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No obstante, aprobada en esta primera fase, empezaron a surgir algunas posiciones antagónicas, las cuales no fueron obstáculo para que continuara la transformación hacia una nueva estructura del Poder Judicial, dejándose a un lado el sistema antiguo.

Es hasta el Decreto n.° 79 publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 23 de noviembre de 1998, en que se establece formalmente la creación del Consejo de la Judicatura. Dicho decreto inició vigencia a partir del día primero de enero de 1999, y se estipuló que el Consejo debería estar instalado en un plazo no mayor de treinta días hábiles, posteriores a la iniciación de vigencia de este. Las atribuciones que se le confirieron en ese entonces fueron la administración, vigilancia, disciplina y la de carrera judicial del Poder Judicial del Estado. Dividiéndose estas en tres categorías: las deliberativas, las consultivas y las disciplinarias.

Se indicó que mientras se conformara el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Superior de Justicia seguiría ejerciendo las funciones que se le atribuían a aquél. En cuanto al periodo de los consejeros, se determinó que su cargo concluiría de la siguiente manera: el 31 de enero del año 2002, el consejero electo por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia; el 31 de enero del año 2003, el consejero electo por el Congreso del Estado; y el 31 de enero del año 2004, el consejero designado por el Titular del Poder Ejecutivo.

Se determinó que el Presidente del Consejo de la Judicatura sería elegido de entre sus miembros – es decir, era totalmente independiente del Presidente del Tribunal Superior de Justicia – , y su cargo duraría dos años sin poder ser reelecto.

Con posterioridad, y en el mes de octubre de 2003, el Ejecutivo del Estado, presidido por el Lic. José Natividad González Parás, presentó una iniciativa de Decreto, para reformar, entre otras, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En ésta se propuso unificar la presidencia del Consejo de la Judicatura con la del Tribunal Superior de Justicia, así como fortalecerlo con mayores atribuciones – asumir la administración integral del Poder Judicial; crear juzgados y distritos judiciales; tener facultades en cuanto al nombramiento, adscripción, confirmación, remoción, vigilancia y sanción de los servidores públicos del Poder Judicial, excepto del Tribunal Superior de Justicia –, para que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia no conociera de asuntos que no tenían nada que ver con el ámbito jurisdiccional.

Una vez cumplido el proceso legislativo, el 21 de junio de 2004 se publicó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde se unificaron dichas presidencias y, por lo tanto, a partir de ahí, se depositó en un solo órgano la administración del Poder Judicial, a saber, el Pleno del Consejo de la Judicatura estatal. También se estableció que este debía estar integrado por tres consejeros: uno de ellos, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia - durará en su cargo el tiempo que tenga tal carácter –, el otro, designado por el titular del Poder Ejecutivo, y el otro, por el Congreso del Estado.