Inauguran Proceso de Formación y Certificación de Intérpretes en Lenguas Indígenas Nacionales en el Ámbito de la Justicia en Nuevo León; firman Convenio de Colaboración.
Inauguran Proceso de Formación y Certificación de Intérpretes en Lenguas Indígenas Nacionales en el Ámbito de la Justicia en Nuevo León; firman Convenio de Colaboración.
_____________________________________________________________________________________________
Marcando un precedente en el ámbito de la justicia, se firmó un convenio de colaboración para impulsar la certificación de intérpretes en lenguas indígenas, dando inicio también al proceso de formación y certificación de intérpretes en lenguas indígenas nacionales en el estado de Nuevo León.
El objeto es impulsar el ejercicio del derecho de los indígenas a contar con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de su lengua y cultura; para lo cual, se impulsan procesos para la formación, evaluación y certificación de traductores e intérpretes en lenguas indígenas nacionales, mismos que podrán aspirar a formar parte de la Lista Oficial de Peritos del Poder Judicial de Nuevo León.
El convenio fue firmado por magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; el licenciado Raúl Olivares Morales, Delegado de la CDI en San Luis Potosí; el licenciado Bernardo González Garza, Procurador General de Justicia del Estado; y el licenciado Santiago Piccone Berlanga, Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado.
Durante el evento de inicio del proceso de formación y firma de convenio se informó que Nuevo León se ha convertido en una de las principales entidades receptoras de población indígena en México. Para el año 2015, según INEGI, un total de 352,000 habitantes del estado se auto-describieron como indígenas, y otros casi 60 mil se auto-describen en parte como indígenas, lo que da un total de 411 mil personas con ascendencia indígena, es decir el 8.1% del total del estado.
Con el convenio se fortalecen los esfuerzos institucionales para hacer vigentes los derechos de las personas y comunidades indígenas en Nuevo León, ya que a través de la formación y certificación de intérpretes en lenguas indígenas nacionales y las acciones para la sensibilización de servidores públicos en materia indígena, se abre la posibilidad de tener un sistema de justicia mucho más equilibrado y justo.
El Proyecto de Formación y Certificación de Intérpretes en Lenguas Indígenas Nacionales en Nuevo León, es coordinado por la CDI y el INALI, con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría General de Justicia, el Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y se desarrollará en 3 etapas: Formación y alineación de contenidos, sesiones de fortalecimiento de conocimientos y habilidades, y semana de evaluación.
Participan un total de 28 candidatos a formarse como intérpretes en las lenguas indígenas: náhuatl (4 variantes), tének, otomí, zapoteco y mazahua. Aunque no se cubren todas las lenguas ni todas las variantes lingüísticas habladas en Nuevo León, este es un esfuerzo significativo que marca un precedente para el ámbito de la justicia en la entidad.
El derecho a contar con un traductor-interprete para las personas indígenas que sean parte de un proceso legal, queda establecido en el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en la Ley Reglamentaria en Materia de Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León, y la ley General de Derechos Lingüísticos Indígenas.
Actualmente este beneficio sólo ha sido otorgado a personas indígenas que son sujetas a un proceso penal, o bien que han sido víctimas de algún delito, bajo el apoyo de personas que hablan el mismo idioma, y a petición de las autoridades competentes que así lo han requerido, pero sin que estos asistentes traductores tengan una formación profesional, ni tampoco una certificación que respalde y valide su desempeño, ni tampoco habiendo de por medio estándares mínimos que rijan dicho desempeño.
Con el convenio de colaboración se fortalecen los esfuerzos institucionales para hacer vigentes los derechos de las personas y comunidades indígenas en Nuevo León, pues al concluir la evaluación, los participantes podrán obtener un certificado que les permite su registro en el Padrón Nacional de Intérpretes en Lenguas Indígenas del INALI, podrán aspirar a formar parte de la Lista Oficial de Peritos del Poder Judicial de Nuevo León y apoyar a las instancias que requieran los servicios de los profesionistas certificados.
El convenio representa un mecanismo que permite garantizar que la lista oficial de peritos del Poder Judicial, en las áreas de traducción e interpretación de lenguas indígenas nacionales, se integre por personas que tengan conocimientos reales y actuales, mediante la realización de los procesos de formación, aplicación y acreditación de exámenes especializados a cargo de las dependencias facultadas para ello, los cuales lograrán medir conocimientos y habilidades de los aspirantes para desempeñarse profesionalmente como traductores y/o interpretes en lenguas indígenas.
El magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz comentó la importancia del convenio y de la formación que se dio inicio, al señalar que no es fácil encontrar intérpretes en lenguas indígenas y menos que estén registrados en la Lista Oficial de Peritos del Poder Judicial.
El intérprete es un puente de comunicación que le transmite al usuario las decisiones de la autoridad y le explica y lo pone en el contexto judicial que está viviendo, dijo el magistrado al señalar que también ayudan a que las autoridades judiciales comprendan la posición del imputado o la víctima.
“La labor del intérprete no solamente es la de traducir el lenguaje indígena al español, también a veces hay que hacer esa labor adicional de hacerle comprender a la autoridad judicial cuál es el contexto del imputado o de la víctima”.
Esta labor tan relevante que hacen los intérpretes se tiene que hacer de manera profesional, recalcó.
“No basta solamente conocer la lengua indígena y conocer el idioma español para con eso cumplir con los requisitos que se requieren para hacer una interpretación en un contexto judicial. Se requiere también de conocer de formalidades judiciales, de conocer en lo general cuál es el sentido de cada una de las actuaciones judiciales en las que van a participar”, expresó.
El curso desarrollará las destrezas profesionales que se van a traducir en el otorgamiento de un diploma en el que se reconoce formalmente los conocimientos como intérpretes y las capacidades para actuar profesionalmente en un asunto judicial.
El Poder Judicial se compromete así a reconocer la validez oficial de la constancia que se otorgue al concluir el curso y a aportar capacitadores para el conocimiento de cuestiones técnicas de los procesos judiciales. Agregó que en la próxima convocatoria para integrar la lista oficial de peritos se convocará a intérpretes de lenguas indígenas para llenar la carencia en esa materia.
En el evento también estuvieron presentes Lic. Laura Olivia Mendoza, Subprocuradora Jurídica de la Procuraduría General de Justicia; la licenciada María Guadalupe Ortiz Villasaña, Subdirectora de Acreditación y Certificación en Materia de Lenguas Indígenas del INALI; el licenciado Luis González González, Secretario Ejecutivo y encargado de la primera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otras autoridades.