Se prepara para enfrentar retos de justicia laboral
El Poder Judicial de Nuevo León instaló formalmente el Comité Interinstitucional de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral.
El Comité surge de la necesidad de contar con un órgano especializado encargado de las acciones y programas relacionados con la planeación, capacitación, difusión, proyectos normativos y seguimiento institucional de la reforma en materia de justicia laboral, a nivel local.
El Comité tendrá entre sus atribuciones: Proporcionar el apoyo y asistencia técnica que requiera el Pleno del Consejo de la Judicatura, con motivo de la implementación de la reforma en el Poder Judicial.
Ejecutar y dar seguimiento a los planes, programas, acciones necesarias y la coordinación de actividades pertinentes con diversas instituciones públicas para la implementación de la reforma en el Poder Judicial.
Lo anterior fue dado a conocer durante la instalación formal del Comité ante representantes y miembros de cámaras empresariales, centrales obreras, agrupaciones sindicales, colegios de abogados, así como jueces, juezas y demás funcionarios judiciales.
El Comité está integrado de la siguiente manera:
El Presidente del tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, quien fungirá como Presidente del mismo; dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, designados por el Pleno de dicho Tribunal; los Consejeros de la Judicatura, integrantes de la Comisión de Carrera Judicial; y un Secretario Técnico.
En febrero del 2017, se publicaron reformas que establecen que los problemas entre trabajadores y patrones serán resueltos por tribunales laborales.
En esa reforma constitucional, se establece la exigencia de que las diferencias o conflictos que surjan entre trabajadores y patrones sean resueltas por Tribunales Laborales.
En el mismo sentido, fueron aprobadas reformas a la Ley Federal del Trabajo, en las que se realizan las modificaciones relacionadas a la tramitación y seguimiento de los procesos laborales a cargo de tribunales en la materia y centros de conciliación, lo que ha propiciado la necesidad de encontrar formas para lograr su oportuna integración y funcionamiento.
Esto implica que las Juntas de Conciliación y Arbitraje serán sustituidas por los tribunales laborales a cargo del Poder Judicial en las entidades del País y ya no serán un ente del Estado.
Tras ser aprobadas, las reformas a nivel federal, se dio un plazo de 3 años para el cambio de las juntas locales, por lo que se espera que el Congreso del Estado adecúe y emita las reglas en la materia.
En respuesta a estas determinaciones que imponen el actuar del Poder Judicial de Nuevo León como nueva autoridad laboral, es que se han iniciado acciones y, a través del Consejo de la Judicatura, se emitió un acuerdo mediante el cual se determinó la creación del Comité Interinstitucional de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral del Poder Judicial del Estado.
El Comité sesionará periódicamente lo que permitirá evaluar los avances en la implementación y consolidación de la reforma laboral.
El magistrado presidente señaló que “esta reforma es sin duda un parteaguas histórico que trastoca temas como la organización sindical, la negociación colectiva, el derecho a huelga y la reorganización de la justicia laboral”.
Consideró que hay aspectos que destacan en la reforma aprobada tales como la transferencia de la tramitación, seguimiento y resolución de los conflictos laborales a los poderes judiciales estatales y federal, suscitados a partir de la implementación de la reforma.
Se privilegia la conciliación para resolver controversias en materia de trabajo estableciéndose una instancia conciliatoria previa al juicio como requisito de procedencia de admisión de una demanda laboral; y lo referente a instituir como obligatoria la comprobación por parte del sindicato que detente la representatividad de los trabajadores, mediante el voto libre y secreto.
Se detalló que la reforma establece en sus transitorios que tanto los centros locales como los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas, iniciarán sus actividades en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del decreto, en los términos que establezca su propia normatividad y posibilidades presupuestales.
“Sin duda alguna, el Comité se enfocará en forma exhaustiva a realizar las acciones necesarias para la planeación y prospectiva de un modelo práctico y eficiente de justicia laboral, atendiendo incluso a las limitantes presupuestales que en torno a este proyecto se presentan”.
Por ello, precisó que “se requiere la colaboración de los Poderes Ejecutivo y Legislativo porque todos seremos participes en el desafío que implica llevar a buen término la implementación de la Reforma Laboral”.
“Es evidente el arduo trabajo que implica la introducción de un nuevo modelo de justicia laboral”, agregó al señalar que es necesario cumplir con programas de capacitación a los nuevos operadores que serán los jueces y conciliadores, mismos que representan los cimientos de la estructura judicial.
“En nuestra institución hemos iniciado el camino hacia la transformación de la justicia laboral. A nombre del Poder Judicial del Estado refrendamos nuestro compromiso para la implementación de una reforma laboral mediata, transparente y expedita que garantice a la sociedad el acceso más amplio a la justicia”.
Así el Poder Judicial asume los retos y suma esfuerzos para estar acorde a las nuevas exigencias, cumpliendo en tiempo y forma con esta nueva etapa que la ley impone, sumándose a la transformación del sistema jurídico mexicano.